Marco Conceptual

Modalidad de violencia que incluye “cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”.

Esta es una de las formas de violencia que sufren principalmente mujeres en el ámbito público. De acuerdo a la Ley Nº 29430 promulgada el año 2009, el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad.

Diversos estudios señalan que la violencia es un factor que se asocia al VIH de múltiples maneras: en relaciones de pareja altamente jerarquizadas, expone a las mujeres al contagio, y las lleva a soportar situaciones humillantes y de daño físico por parte de la pareja bajo la amenaza de dar a conocer públicamente su problema, abandonar la casa o quitarle los hijos/as. Incluye la violencia contra mujeres embarazadas viviendo con VIH, quienes sufren discriminación en el sistema de salud cuando, por ejemplo, se niega el derecho a la cesárea, única vía para evitar el contagio al/la recién nacido/a.

Los procesos de migración establecen escenarios inevitables que contribuyen de alguna forma la aparición o perpetuación de la violencia que se manifiesta de diferentes formas, especialmente en las poblaciones más vulnerables como las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.

Muchas personas LGBTI sufren a diario insultos, agresiones y diferentes formas de atentados porque no se comprende y acepta su condición, lo cual les hace personas vulnerables. Es por esta razón que se hace necesario llamar la atención de toda la sociedad para que se reconozcan sus derechos por igual, respetando su diversidad y dignidad humana en todos los ámbitos.

La CVR utilizó la siguiente definición operativa de violencia sexual: La realización de un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o cuando se hace que esa(s) personas realicen un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa(s) personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa(s) personas de dar su libre consentimiento.

Por su parte el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 considera bajo la modalidad de “violencia en conflicto armado”, que durante situaciones de conflicto armado se incrementa la violencia de género contra las mujeres, tal como sucedió en el marco del conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000, en el que los agresores fueron tanto agentes del Estado como también integrantes de los grupos subversivos, quienes cometieron fundamentalmente actos de violencia sexual y abuso contra mujeres (fundamentalmente violaciones sexuales además de embarazos forzados y abortos forzados) durante las incursiones en las zonas de emergencia así como durante las detenciones y los interrogatorios.

La Recomendación Nº 30 de la CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, en su artículo 34 señala: “Los conflictos agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales y no estatales. La violencia relacionada con los conflictos se produce en cualquier lugar, por ejemplo en los hogares, los centros de detención y los campamentos para desplazadas internas y refugiadas; se produce en cualquier momento, por ejemplo durante la realización de actividades cotidianas como recoger agua y madera o ir a la escuela o al trabajo. Existen múltiples perpetradores de violencia por razón de género relacionada con los conflictos […] las mujeres y las niñas son objeto cada vez con más frecuencia y deliberadamente de distintas formas de violencia y abusos”. Esto atañe también a otros conflictos derivados de los problemas ambientales o a los que se generan por una situación de desastre de gran magnitud. A esto se debe agregar una especial consideración respecto de las mujeres rurales, que están expuestas a un riesgo mayor, habida cuenta la persistencia de roles subordinados en que todavía se las encasilla en muchas comunidades rurales.

Esta es una de las formas de violencia que sufren principalmente mujeres en el ámbito público. De acuerdo a la Ley Nº 29430 promulgada el año 2009, el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad.

Es otro tipo de violencia institucional que se expresa en el procedimiento quirúrgico de esterilización realizado a una mujer contra su voluntad o sin consentimiento libre e informado; son consideradas como una grave violación de derechos humanos, situación que se exacerba cuando ha sido tolerada o promovida por el Estado.

La esterilización forzosa es un delito grave de violencia sexual, considerado además como crimen de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que señala lo siguiente: “1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.

Es un tipo de violencia institucional que comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos de las mujeres y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

Según la Ley Nº 30314 promulgada el año 2015, el acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Estos pueden ser actos de naturaleza sexual, verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos; exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.

Según la Ley Nº 28950 la trata se define como la conducta dirigida a facilitar la captación, traslado, o retención de personas recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. En el caso de niños, niñas y adolescentes se considera trata incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios antes descritos. En el Reglamento de la Ley Nº 28950, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2016-IN, se reconoce el enfoque de género, en el artículo 5º literal b.

En el delito de feminicidio la conducta visible (acción) es matar a una mujer, existiendo una relación de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado (extinción de la vida). Es un delito doloso porque existe comprensión y voluntad del autor, estando presente la intención de matar. El sujeto pasivo es la mujer que desde la perspectiva de género se encuentra en desigualdad con el varón y en una posición vulnerable en las relaciones de poder.

La violencia ejercida por la pareja o ex pareja es una de las formas más comunes de violencia que afectan a las mujeres y se manifiesta en violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Esta modalidad de violencia fue hasta hace poco un problema poco visibilizado y sub registrado, ya que subsistía la creencia de que se trataba de un asunto privado, normal y legítimo que no debe ser ventilado públicamente.  Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), el 68.2 % de las mujeres  peruanas fue víctima de violencia por parte del  esposo o pareja sentimental, ya sea de manera psicológica, física o sexual.